Ejercicio resuelto de Formas jurídicas de la empresa · Economía

Responda a las siguientes cuestiones: [2,5 puntos]

a) Explique la forma jurídica de sociedad anónima con al menos tres características relevantes, una ventaja y un inconveniente de esta forma jurídica frente a otras. [1,25 puntos]

b) Explique al menos cuatro factores que determinan la localización de una empresa. [1,25 puntos]

$\mathbf{\text{a)}}\mathbf{\text{Explique}}\mathbf{\text{la}}\mathbf{\text{forma}}\mathbf{\text{jur}}\acute{\mathbf{\text{ı}}}\mathbf{\text{dica}}\mathbf{\text{de}}\mathbf{\text{sociedad}}\mathbf{\text{an}}\acute{\mathbf{\text{o}}}\mathbf{\text{nima}}\mathbf{\text{con}}\mathbf{\text{al}}\mathbf{\text{menos}}\mathbf{\text{tres}}\mathbf{\text{caracter}}\acute{\mathbf{\text{ı}}}\mathbf{\text{sticas}}\mathbf{\text{relevantes,}}\mathbf{\text{una}}\mathbf{\text{ventaja}}\mathbf{\text{y}}\mathbf{\text{un}}\mathbf{\text{inconveniente}}\mathbf{\text{de}}\mathbf{\text{esta}}\mathbf{\text{forma}}\mathbf{\text{jur}}\acute{\mathbf{\text{ı}}}\mathbf{\text{dica}}\mathbf{\text{frente}}\mathbf{\text{a}}\mathbf{\text{otras.}}\mathbf{\text{[1,25}}\mathbf{\text{puntos]}}$

La sociedad anónima es una sociedad mercantil de carácter capitalista, con personalidad jurídica propia distinta de la de sus socios, cuyo capital está dividido en acciones que se integran por las aportaciones de los accionistas, y en la que estos no responden personalmente de las deudas sociales. Es la forma jurídica pensada para la gran empresa y para reunir capital procedente de muchos inversores.

Sus características relevantes son las siguientes. Primera, el capital social mínimo es de 60.000 €, que ha de estar íntegramente suscrito y desembolsado al menos en un 25 % en el momento de la constitución; la parte pendiente constituye los dividendos pasivos, que el accionista deberá aportar cuando se le reclamen. Segunda, el capital se divide en acciones, que son valores negociables y libremente transmisibles, pueden estar representadas por títulos o por anotaciones en cuenta y pueden llegar a cotizar en un mercado secundario oficial; esta libre transmisibilidad convierte a la sociedad anónima en una sociedad abierta. Tercera, la responsabilidad de los accionistas está limitada al capital aportado, de modo que su patrimonio personal queda al margen de las deudas sociales. A ello se añade que sus órganos de gobierno son la junta general de accionistas, órgano soberano que aprueba las cuentas y decide lo esencial, y el órgano de administración, que puede ser un administrador único, varios administradores o un consejo de administración, obligatorio cuando la administración se confía conjuntamente a más de dos personas.

La ventaja principal frente a otras formas jurídicas es su enorme capacidad de captar recursos propios. Al ser las acciones libremente transmisibles y poder cotizar en bolsa, la sociedad anónima puede dirigirse a un número indefinido de inversores, que aceptan entrar sabiendo que podrán desprenderse de su participación cuando quieran. Ninguna otra forma jurídica ofrece esa liquidez al inversor, y por eso es la única viable para proyectos que exigen inversiones muy elevadas.

El inconveniente principal es el coste y la rigidez que impone. El capital mínimo de 60.000 € es una barrera para el pequeño empresario; la constitución exige escritura pública, estatutos e inscripción registral, y en las aportaciones no dinerarias un informe de experto independiente; y el funcionamiento posterior está sujeto a formalidades estrictas de convocatoria y publicidad de las juntas, auditoría en determinados casos y depósito de cuentas. Además, la dispersión del accionariado puede separar la propiedad del control y dejar la gestión en manos de administradores con intereses no siempre coincidentes con los de los accionistas.


$\mathbf{\text{b)}}\mathbf{\text{Explique}}\mathbf{\text{al}}\mathbf{\text{menos}}\mathbf{\text{cuatro}}\mathbf{\text{factores}}\mathbf{\text{que}}\mathbf{\text{determinan}}\mathbf{\text{la}}\mathbf{\text{localizaci}}\acute{\mathbf{\text{o}}}\mathbf{\text{n}}\mathbf{\text{de}}\mathbf{\text{una}}\mathbf{\text{empresa.}}\mathbf{\text{[1,25}}\mathbf{\text{puntos]}}$

La localización es una decisión estratégica y difícilmente reversible: compromete durante años inversiones en terrenos, edificios e instalaciones, y condiciona los costes y los ingresos futuros. La empresa pondera los siguientes factores.

El coste y la disponibilidad del terreno y de las construcciones. Determina buena parte del desembolso inicial y es decisivo en las actividades que necesitan mucha superficie, que suelen desplazarse a polígonos periféricos donde el suelo es más barato. En el comercio ocurre lo contrario: se aceptan alquileres elevados a cambio de una ubicación con mucho tránsito de personas.

La proximidad a las materias primas y a los proveedores. Interesa cuando la materia prima es voluminosa, pesada o perecedera, o cuando pierde peso al transformarse, porque entonces resulta más caro transportarla a ella que al producto terminado. Es el caso de las conserveras junto al puerto pesquero o de las azucareras junto a las zonas de cultivo.

La proximidad al mercado y la demanda. Es el factor determinante en el comercio y en los servicios, que han de estar donde está el cliente, y también en las industrias cuyo producto final es voluminoso, frágil o de entrega urgente. Aquí se valoran el tamaño del mercado potencial, su poder adquisitivo y la presencia de competidores.

El mercado de trabajo. La empresa necesita mano de obra con la cualificación adecuada y a un coste asumible, y valora también el clima laboral, la existencia de convenios sectoriales y la cercanía de centros de formación profesional o universitaria que le aseguren el relevo.

A estos cuatro se añaden las infraestructuras de transporte y comunicaciones, que abaratan el acceso a proveedores y clientes; el nivel de desarrollo industrial de la zona, que garantiza servicios auxiliares y talleres de apoyo; y las ayudas públicas, subvenciones y ventajas fiscales que las administraciones ofrecen para atraer inversión a determinados territorios, junto con la normativa urbanística y medioambiental, que puede sencillamente impedir la instalación.