Economía · Entorno y responsabilidad social · País Vasco · 2022
Ejercicio resuelto de Entorno y responsabilidad social · Economía
PREGUNTA 1: Puntuación máxima: 2 puntos.
Lea el siguiente texto y conteste a las cuestiones planteadas:
DIPUTACIONES FORALES, RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. CIERRE 2020
IRPF: 5.650.224.552 €
Impuesto sociedades: 1.042.548.259 €
IVA: 5.163.764.733 €
Impuestos especiales de fabricación y sobre la electricidad: 1.327.015.165 €
Resto tributos: 765.697.712 €
TOTAL: 13.949.250.421 €
En 2020 la recaudación consolidada por tributos concertados de las Diputaciones Forales ha ascendido a 13.949.250.421 €, es decir, 1.520,3 M/€ menos que en 2019.
Respecto al Cupo pagado al Estado en 2020, el importe ha ascendido a 1.038 M/€.
Consecuentemente, el importe que las Diputaciones Forales deben abonar al Gobierno Vasco en concepto de aportaciones del ejercicio de 2020 asciende a 9.217,8 M/€.
Cuestiones:
a) Defina: IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA y el Cupo.
b) ¿Qué razones hay detrás de la bajada de la recaudación de tributos?
c) ¿Qué consecuencias puede acarrear esta bajada de recaudación?
Solución
IRPF: es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, un tributo directo, personal y progresivo que grava la renta obtenida por las personas físicas —rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas y ganancias patrimoniales—. Al ser progresivo, el tipo aumenta con la base, de modo que quien más renta obtiene paga una proporción mayor. Es, con diferencia, la principal figura de la recaudación foral: 5.650 millones de euros en 2020.
Impuesto de Sociedades: es un impuesto directo y proporcional que grava el beneficio obtenido por las sociedades mercantiles y demás personas jurídicas. A diferencia del IRPF, su tipo es fijo y no atiende a circunstancias personales.
IVA: es el impuesto sobre el valor añadido, un impuesto indirecto y proporcional que grava el consumo, es decir, las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas por empresarios y profesionales, así como las adquisiciones intracomunitarias y las importaciones. Tiene tres tipos: general del 21 %, reducido del 10 % y superreducido del 4 %, según el bien o el servicio. Quien lo soporta en última instancia es el consumidor final.
Cupo: es la contribución que la Comunidad Autónoma del País Vasco paga a las arcas del Estado, en virtud del Concierto Económico, para sufragar las competencias que el Estado no le ha transferido: defensa, asuntos exteriores, la Casa Real, los aeropuertos o la deuda pública estatal. En 2020 ascendió a 1.038 millones de euros.
La recaudación cae 1.520,3 millones de euros respecto a 2019, y la razón de fondo es la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 durante 2020.
El confinamiento y las restricciones paralizaron durante meses la actividad de sectores enteros —hostelería, comercio, turismo, transporte—, con cierres de empresas y expedientes de regulación de empleo. Menos actividad significa menos beneficio empresarial, y de ahí la caída del impuesto sobre sociedades; menos empleo y menos salarios significan menos base imponible en el IRPF; y la caída del consumo de los hogares, tanto por la restricción física como por la incertidumbre, arrastra la recaudación del IVA y de los impuestos especiales, sobre todo los de carburantes, muy ligados a la movilidad.
A ello se sumaron las medidas fiscales de apoyo aprobadas por las propias diputaciones: aplazamientos de pago, nuevas deducciones, ampliación de las rentas exentas y devoluciones a autónomos y pymes, que retrasaron o redujeron ingresos que en un año normal se habrían recaudado.
Los impuestos son el ingreso principal de las administraciones públicas, de modo que una caída de la recaudación estrecha directamente la capacidad de gasto público.
La primera consecuencia es presupuestaria: con menos ingresos, o se recorta el gasto —sanidad, educación, servicios sociales, inversión— o se recurre al endeudamiento, con el coste financiero que ello supone. En el caso vasco, el efecto se traslada además a la aportación que las diputaciones deben abonar al Gobierno Vasco, 9.217,8 millones en 2020, que es la que financia el grueso de los servicios públicos de la comunidad.
Hay también un efecto de segunda vuelta que conviene señalar: precisamente cuando más falta hacen las políticas de apoyo a las familias y a las empresas, la caída de ingresos limita la capacidad de aplicarlas. Y si la respuesta fuera un recorte del gasto público en plena recesión, se agravaría la caída de la demanda agregada y, con ella, la propia recaudación futura.
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